ElTribuno / El fiscal pide 8 años de prisión efectiva para el exintendente Jorge Prado
Sobre los otros dos culpables, Eduardo Villada solicitó siete años de prisión efectiva tanto para Diego Alos como para Adrián Vera. El Tribunal pasó a un cuarto intermedio y luego se procederá a los alegatos de la defensa
Luego de que la justicia declarara culpables al ex intendente de Aguaray Jorge Enrique ‘Quique‘ Prado, el intermediario Adrián Antonio Vera y el propietario de la empresa OSYP SA, Diego Alos, por el robo de caños del Gasoducto NEA, hoy el Tribunal Federal dará a conocer las condenas definitivas.
El fiscal Eduardo Villada pidió 8 años de prisión efectiva para el exintendente de Aguaray hallado penalmente responsable del delito de robo agravado en banda y despoblado; mientras que para Alos pidió siete años de prisión efectiva. El funcionario judicial señaló que el hecho de que no tengan antecendentes condenatorios hace que el pedido sea benevolente. Para Vera, el funcionario judicial solicitó la pena de 7 años.
En el juicio que concluyó el pasado 2 de diciembre quedaron absueltas otras 7 personas, entre ellas empleados y empresarios locales que, si bien habían trabajado en las maniobras de retiro de los caños de 12 metros de longitud, lo habían hecho en condición de contratados.
El tribunal se encuentra integrado por Abel Fleming, Gabriela Catalano y Domingo Batule.
Pese a haber sido declarados culpables, el tribunal deberá fijar la condena. Se sabrá cuántos años de detención le corresponde a cada uno por el delito cometido cuando entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 sustrajeron 8 kilómetros de caños que conformaban el tramo norte del Gasoducto del NEA que llevaba adelante la empresa constructora Servicios Vertúa, pero que por una disputa con la ex Enarsa había quedado literalmente abandonada hacía más de un año.
La situación fue aprovechada para retirar los caños valuados en miles de dólares cada uno y que pertenecen al Estado nacional y venderlos en diferentes provincias argentinas.
La maniobra se facilitó con la puesta en vigencia por parte de Prado como intendente en ese momento, y de profesión ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, de la resolución municipal N° 1215 que autorizaba el retiro de los caños como si se hubiera tratado de un pasivo ambiental, cuando en realidad eran flamantes caños con un costo de 5 mil dólares cada uno.
El ex intendente Prado, el empresario Alos y Adrián Vera fueron declarados culpables. En su última declaración Prado manifestó que quiso ‘dar trabajo y cuidar el medio ambiente‘.
Para ayer estaba previsto que se conociera la sentencia que le cabe al exintendente, pero finalmente se conocerá el próximo jueves.
