Infobae/Escándalo de los seguros: la Justicia pidió los registros migratorios de Alberto Fernández y del broker involucrado

La medida la ordenó el juez federal Julián Ercolini e incluye también a la histórica secretaria del ex presidente. Asimismo, el magistrado solicitó informes a la SIGEN, a la Jefatura de Gabinete y a Nación Seguros, entre otras reparticiones.

El juez federal Julián Ercolini activó esta tarde una serie de medidas de prueba en el marco del escándalo por la trama de contrataciones por parte del Estado nacional a Nación Seguros, en donde habrían actuado intermediarios y empresas privadas. Entre otras cosas, pidió los registros migratorios del ex presidente Alberto Fernández, de su secretaria histórica, María Cantero, y de su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa, entre otras personas.Te puede interesar:La Justicia le ordenó al Gobierno que avance con la apertura de la Universidad Nacional de PilarTe puede interesar:La provincia de Buenos Aires reclamó ante la Corte Suprema por la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal

Martínez Sosa tiene otro vínculo con el ex presidente: según declaró Alberto Fernández en su última declaración jurada le debe $102.240. Además de los seguros, Martín Sosa también está vinculado al automovilismo. De hecho, es uno de los principales sponsors de Agustín Canapino, uno de los mejores pilotos de la actualidad.

Su empresa tiene más de 50 años. Comenzó en Buenos Aires pero rápidamente se instaló en Río Grande (Tierra del Fuego), donde obtuvo monopolio de los seguros durante al dos menos dos gestiones. Primero fue elegido como intermediario en el gobierno de Jorge Colazzo. “A fines de 2008, durante el gobierno de Fabiana Rios, se dio de baja esa contratación y recibimos todo tipo de presiones”, recordó un ex funcionario consultado por Infobae. Luego, en 2020, el gobernador Gustavo Melella firmó un contrato de asesoramiento con el broker y le cedió el control de todos los seguros. Esa relación se mantiene en la actualidad.El cartel de Martínez Sosa en la avenida Lugones (Adrián Escándar)

Entre otras cosas, le juez Ercolini le pidió a la Superintendencia de Seguros de la Nación una copia de los informes de auditoría vinculados con el decreto 823 /2021, y las contrataciones de seguros por parte del estado nacional con la firma Nación Seguros. Ese decreto es el que habría habilitado la maniobra, que ahora se investiga, porque obligaba a todas las reparticiones públicas a contratar con Nación Seguros.Te puede interesar:El juez Ercolini quedó a cargo de una denuncia contra Alberto Fernández por el escándalo de los seguros

La causa comenzó con una denuncia de la abogada Silvina Martínez, quien acusó a Alberto Fernández y a Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros. La presentación se basa en un artículo publicado por el diario Clarín en donde se detallaba que dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios.

Tras la imputación del fiscal Ramiro González, el juez avanzó con una batería de medidas y le pidió a la División Operaciones Federales de la Policía Federal que se presente hoy mismo en Nación Seguros para llevarse “una copia de todas las contrataciones de seguros o convenios celebrados entre el Estado Nacional y las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156, por un lado, y “NACIÓN SEGUROS SA”, por el otro, en los que se haya dado participación en forma de coaseguro o reaseguro a otras entidades autorizadas a operar en materia de seguro, como consecuencia de lo establecido en el artículo 4 del Decreto N° 823/2021 del 2 de diciembre de 2021; como así también de las actuaciones administrativas de las entidades contratantes de las pólizas que se vinculen con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de tales contrataciones”.Te puede interesar:El millonario patrimonio del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, denunciado junto a Alberto Fernández

Además, le requirió a la SIGEN y a la Auditoría General de la Nación (AGN) una copia de los informes de auditoría relacionados con el decreto 823/2021 y de los informes anuales elevados a la Jefatura de Gabinete.

En paralelo, le pidió al organismo a cargo de Nicolás Posse y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia “los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto N° 823/2021, publicado el 2 de diciembre de 2021″.