m1 /Procesaron a Alberto Fernández por violencia de género
El expresidente fue denunciado en 2024 por la otrora primera dama Fabiola Yañez, y esta semana la justicia federal lo embargó por $ 10 millones.
El expresidente Alberto Fernández fue procesado este lunes por el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa por violencia de género que le inició a mediados de 2024 su otrora pareja Fabiola Yañez.
En su resolución el juez Ercolini también impuso un embargo de $ 10 millones sobre Alberto Fernández tras procesarlo por los delitos de lesiones leves y graves contra Fabiola Yañez.
Fernández comparte un hijo con Yañez, el pequeño Francisco, y por eso la expareja sigue en una puja legal por la manutención del nene, que está radicado en Madrid con su madre.
De hecho, Fabiola Yañez radicó la denuncia desde España y también desde ese país declaró por videoconferencia cuando fue su turno. También dieron su testimonio familiares y allegados a los protagonistas, y hasta el personal de la Quinta de Olivos que podía dar fe de los episodios de violencia de género cuando eran la pareja presidencial.
Los delitos por los que fue procesado Alberto Fernández prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de una eventual condena.
Por de pronto, Ercolini le atribuyó al expresidente los hechos cometidos entre 2016 y el 6 de agosto de 2024 (cuando se radicó la denuncia) en un «contexto de violencia de género», marcado por la relación asimétrica de poder que existía entre él y Fabiola Yáñez.
Alberto Fernández y Fabiola Yañez en mejores tiempos.
«El análisis de toda la prueba reunida en el caso permitió acreditar que el expresidente Fernández ejerció distintos tipos de violencia contra su pareja, prácticamente, desde el inicio de su relación. De acuerdo a las definiciones de la ley 26.485 de Protección Integral a la Mujer, se pudo detectar violencia psicológica, física y económica», consignó la fiscalía.
Durante este proceso legal la abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira, intentó apartar al juez Ercolini del caso basándose en un presunto «temor de parcialidad», probablemente porque el magistrado también investiga al expresidente en otra causa, una sobre posible corrupción en la compra de seguros del Estado durante su mandato.
