NuevoDiario / Tiene media sanción a la ley de prórroga de Emergencia Territorial Indígena
La prórroga de la Emergencia Territorial Indígena se aprobó ayer en el Senado de la Nación. El proyecto de la senadora Nora Giménez (Salta-FdT) fue aprobado por 43 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones.
Ahora solo resta que sea sancionado en definitiva por Diputados. La norma vence el 23 de noviembre y por ello la celeridad en su tratamiento.
Cabe destacar que la ley nacional Nº 26.160, suspendió los desalojos de las comunidades originarias y ordenó realizar un relevamiento de las mismas en todo el país. Esa ley vence el próximo 23 de noviembre, por lo que la iniciativa busca extender su vigencia por cuatro años más, hasta 2025. Establece además que se otorgue un presupuesto de $290 millones para poder completar el relevamiento territorial pendiente.
La autora del proyecto de prórroga es la senadora nacional Nora Giménez, quien a sugerencia de senadores de la oposición accedió a introducir modificaciones en la iniciativa, involucrando a las provincias y los municipios en la realización de los relevamientos territoriales de las comunidades; y obligando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a rendir cuenta anualmente del avance de esa tarea. En los últimos años el INAI, con la participación de los Pueblos Originarios, relevó 998 Comunidades Indígenas en todo el país; mientras que hay otros 253 relevamientos en trámite. Sin embargo, se han identificado 762 Comunidades Originarias que tienen pendiente el Relevamiento Territorial previsto por la ley. De las comunidades identificadas, un 51% se encuentran en el NOA, un 16% en el Sur, 8% en el centro, 2% en Cuyo, y 22,3% en el NEA. Al defender el proyecto la legisladora destacó que la ley Nº 26.160 fue aprobada en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y sirvió para pacificar los ánimos en un momento en el que los conflictos por tierras se repetían a lo largo del país. “Desde entonces -opinó- viene garantizando la paz social, posibilitando la convivencia de titulares registrales y comunidades originarias”. Por ello, consideró esencial su prórroga, para poder completar el relevamiento y poder avanzar luego en el debate de una ley de propiedad comunitaria indígena.
