o24 /Tras la condena de 8 años por corrupción renunció el embajador Sergio Urribarri.
Fue sentenciado a 8 años de prisión por malversación de fondos públicos. Dijo que apelará. El dirigente cercano al kirchnerismo dejó su cargo en la embajada en Israel.
El embajador argentino en Israel y Chipre y ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue condenado este jueves a ocho años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, en el marco de una causa que juzgó distintos hechos en el lapso de 2010 a 2015.
Tras la sentencia, el ex mandatario presentó su renuncia a su cargo, que fue aceptada por el Presidente.
La Justicia entrerriana lo encontró culpable del delito de negociación incompatible con la función pública y peculado.
El fallo que se conoció este jueves fue dictado por el tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.
Los jueces decidieron condenar a 8 años de prisión efectiva a Urribarri más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $180.000 por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.
Además, fueron condenados los ex ministros de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, entre otros imputados.
El juicio analizó varios episodios, como «El sueño entrerriano», que fue el slogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri, o «Causa del Mercosur», sobre contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro presidencial que se realizó en Paraná en 2014.
Para la Justicia, parte de esos fondos tuvieron como destino la campaña política del ex gobernador.
También indicaron en su fallo que hubo «retornos» por parte de los empresarios contratados.
Tras el fallo, Urribarri dijo que apelará y presentó su renuncia como embajador, que fue aceptada por el presidente Alberto Fernández.
«El fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador», expresó en su cuenta de Twitter.
A Aguilera se lo acusó de uno de los delitos contra la administración pública por ser dueño de una de las imprentas a las que se giraron los trabajos financiados con dinero público y por ser parte activa de la cartelización de empresas que posibilitó el desvío de fondos.
El expediente concentró cinco causas por diversas irregularidades. Fueron condenadas, además de Urribarri y Aguilera, otras 11 personas.
El proceso judicial comenzó en septiembre último y se extendió por casi 50 audiencias hasta que ayer jueves se procedió a la lectura de la sentencia.