RT /Las causas por corrupción que deja Jeanine Áñez después de su año como presidenta de facto en Bolivia
La Justicia del país andino tiene abiertas investigaciones contra exfuncionarios por sobreprecios, contrataciones irregulares y otros delitos.
Casi exactamente un año duró el gobierno de facto de Bolivia. Tras autoproclamarse presidenta luego del golpe de Estado contra Evo Morales, la diputada opositora Jeanine Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 bajo la promesa de «pacificar al país». En ese período de 361 días, se abrieron más de 24 causas por corrupción atribuidas a su gestión.
Con la histórica vuelta del Movimiento Al Socialismo (MAS) para dirigir los destinos del país Plurinacional, es probable que esos expedientes avancen, y que se investiguen muchos más.
Al asumir la presidencia, Luis Arce Catacora mencionó en su discurso que durante su Gobierno no buscará fomentar un ambiente de resentimiento y de venganza. Aunque advirtió que «los únicos que deben temer son los infractores, los criminales, los violentos y los que cometan actos de corrupción».
La Comisión de Transición Presidencial de Bolivia, que organizó el traspaso de mando tras la victoria del MAS en las elecciones, ha denunciado una serie de irregularidades y falta de documentación en las distintas oficinas del Estado: números que no cierran, desbarajustes que no tienen explicación, y las arcas supuestamente vaciadas.
Al frente de esa Comisión estuvo Wilfredo Chávez, quien el pasado 12 de noviembre fue nombrado como titular de la Procuraduría General (PGE). Como comisionado de la transición, y tras visitar 17 despachos ministeriales, Chávez denunció que el Gobierno de facto había operado «solo para su bolsillo«.
Según el exministro de Gobierno de Evo Morales, la administración de Áñez había dejado «un país un poco más en ruinas«, luego de «un año de robo al Estado boliviano«.
Los casos emblemáticos
Si bien las causas por corrupción que pesan sobre el gobierno de facto superan las veinte, el procurador habló de 5 casos «emblemáticos«, no solo por la cantidad de dinero presuntamente desfalcado, sino además por involucrar asuntos de salud en medio de una pandemia mundial.
De hecho, la denuncia por la compra irregular de respiradores artificiales para pacientes con coronavirus, provocó la renuncia de Marcelo Navajas, el segundo ministro de Salud del Gobierno de «transición».
En marzo, las autoridades sanitarias adquirieron ventiladores pulmonares al fabricante español GPA Innova, en una transacción intermediada por la proveedora, también española, IME Consulting Global Service SL. Según el Gobierno de facto, se pagaron a un precio de 28.080 dólares por unidad, pero la fábrica aclaró posteriormente que cada respirador tenía un costo de 7.234 dólares, lo que equivale a un sobreprecio de 3,3 millones de dólares.
Tras asumir al frente de la Procuraduría, Chávez se encontró con un «extraño» robo de «computadoras y de documentación« en el Ministerio de Salud. «Han actuado delincuencialmente para llevarse la información», dijo entonces el abogado del MAS a medios locales.
Pero la grave situación con estos elementos vitales en medio de la crisis sanitaria no terminó ahí. A tres meses de iniciada la investigación, desde la firma IME dijeron que el equipo de Áñez reconoció que no sabía dónde estaban los respiradores que habían comprado.
En octubre, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, aseguró que los aparatos estaraban bajo custodia del ministerio de Salud, y continuarían ahí hasta que concluyera el proceso penal.
También avanza en los Tribunales una causa por la compra de 2.000 tapabocas KN 95, con un sobreprecio de 65 bolivianos (más de 9 dólares por unidad).
Corrupción en empresas del Estado
La empresa estatal de telecomunicaciones Entel, una de las más importantes del país, recibió cuatro denuncias por irregularidades durante el año de Gobierno de Áñez.
El mayor escándalo tiene que ver con sueldos e indemnizaciones insólitas e injustificadas en la compañía. Por ejemplo, se descubrió que una mujer trabajó para Entel durante solo 11 días, recibió un resarcimiento de 80.091 bolivianos, el equivalente a 11.622,59 dólares.
